Hace poco hemos conocido la impactante noticia de que en nuestro país sólo el 6% de las personas con discapacidad tienen algún título universitario, un dato que refleja las carencias del sistema educativo español desde su base y pone de manifiesto la necesidad de analizar qué es lo que falla. 

Si enfocamos el estudio a segmentos inferiores como el Bachiller o la Secundaria ya podemos observar como la tasa de alumnos que tienen que abandonar sus estudios o que no los empiezan es bastante elevada, situándose en un 50% en Bachiller. ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué las personas con discapacidad no estudian si la Ley los protege cada vez más? 

El problema es que la ley que se encarga de garantizar la educación universal de todos los ciudadanos no contempla su funcionamiento dentro de un sistema educativo antiguo y que se niega a evolucionar. Por no hablar de la carencia de fondos suficientes para proteger el bienestar de las personas vulnerables. 

Uno de los principales motivos por los que los alumnos no van a clase es por el bullying, el acoso escolar y la carencia de material adaptado o profesores que sepan tratar a niños con necesidades especiales. Todo esto sin contar con las dificultades añadidas si hay que utilizar transporte público u otros servicios. 

Y es que, si desde niveles inferiores ya se desplaza al alumno con discapacidad, es muy difícil que este pueda seguir el ritmo y seguir avanzando hacia estudios superiores. En estos casos la educación de los distintos niveles de escolarización y la educación especial son vitales para garantizar la inclusividad en el ámbito escolar y universitario. 

En pleno 2018 es difícil ver que todavía hay muchas personas que tienen dificultades para estudiar, trabajar o poder realizar su vida diaria con normalidad. Y por situaciones como esta, la labor de la seguridad privada y los servicios auxiliares son cada vez más importantes para la sociedad en la que vivimos.